Nadie puede discutir la importancia de la separación de poderes en los estados modernos. Es innegable la necesidad de contar con una justicia independiente, con un legislativo dedicado a defender los intereses de los diferentes grupos de la sociedad y de un ejecutivo que se dedique a hacer lo que se tiene que hacer. Es el ideal de un país cualquiera porque supone la descentralización del poder, la seguridad para todos los sectores, la dinámica de los pesos entre intereses diversos.
Es claro que en nuestro país hay muchas dudas sobre la puesta en práctica de esa organización institucional que nos dejó la Carta de 1.991, que abogaba por la separación de poderes. Pero el punto de hoy no va por ahí. Es más bien por lo que ha sucedido con Ecuador, con las secuelas del ataque al campamento de las farc.
Por un lado un juez ecuatoriano decidió responsabilizar a Juan Manuel Santos del ataque. Lo pidió en extradición, dictó orden de captura contra un General colombiano y es posible que implique a otro. Dice que actuó bajo los parámetros penales ecuatorianos, que se mató a un ecuatoriano y que los responsables deben responder frente a la justicia del país.
Y por el otro, están los acercamientos entre los cancilleres de ambas naciones, en pos de recuperar el espacio perdido en las relaciones binacionales, erosionadas por el mismo ataque. Nos dicen que buscan soluciones a un conflicto que todos los días perjudica a miles de colombianos y a miles de ecuatorianos, que necesita solución pronta.
La verdad es que mientras el ejecutivo ecuatoriano diga que no puede responder por la actuación del juez -por eso de la independencia de poderes-, el ejecutivo colombiano no va a avanzar en un diálogo de recomposición de las relaciones. Quizá no porque el juez vecino esté equivocado o porque simplemente se esté extralimitando, sino porque para el gobierno colombiano el ataque fue un triunfo cuyos errores buscan solucionar directamente con el ejecutivo del otro lado de la frontera.
Por eso viene entonces la pregunta, ¿Será que la independencia de poderes debe pasar incluso sobre el bienestar de todo un país? Porque es evidente que el pueblo ecuatoriano está tan golpeado como el nuestro por la disputa entre gobiernos, y que a la larga, más allá del connotado nacionalismo circunstancial de la pelea, el pueblo ecuatoriano no se encuentra demasiado conforme con la ruptura de relaciones. Por si acaso dejemos la duda.
Es claro que en nuestro país hay muchas dudas sobre la puesta en práctica de esa organización institucional que nos dejó la Carta de 1.991, que abogaba por la separación de poderes. Pero el punto de hoy no va por ahí. Es más bien por lo que ha sucedido con Ecuador, con las secuelas del ataque al campamento de las farc.
Por un lado un juez ecuatoriano decidió responsabilizar a Juan Manuel Santos del ataque. Lo pidió en extradición, dictó orden de captura contra un General colombiano y es posible que implique a otro. Dice que actuó bajo los parámetros penales ecuatorianos, que se mató a un ecuatoriano y que los responsables deben responder frente a la justicia del país.
Y por el otro, están los acercamientos entre los cancilleres de ambas naciones, en pos de recuperar el espacio perdido en las relaciones binacionales, erosionadas por el mismo ataque. Nos dicen que buscan soluciones a un conflicto que todos los días perjudica a miles de colombianos y a miles de ecuatorianos, que necesita solución pronta.
La verdad es que mientras el ejecutivo ecuatoriano diga que no puede responder por la actuación del juez -por eso de la independencia de poderes-, el ejecutivo colombiano no va a avanzar en un diálogo de recomposición de las relaciones. Quizá no porque el juez vecino esté equivocado o porque simplemente se esté extralimitando, sino porque para el gobierno colombiano el ataque fue un triunfo cuyos errores buscan solucionar directamente con el ejecutivo del otro lado de la frontera.
Por eso viene entonces la pregunta, ¿Será que la independencia de poderes debe pasar incluso sobre el bienestar de todo un país? Porque es evidente que el pueblo ecuatoriano está tan golpeado como el nuestro por la disputa entre gobiernos, y que a la larga, más allá del connotado nacionalismo circunstancial de la pelea, el pueblo ecuatoriano no se encuentra demasiado conforme con la ruptura de relaciones. Por si acaso dejemos la duda.
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